GOBIERNO ABIERTO

     I.        KEY WORDS

GOBIERNO ABIERTO: Un gobierno abierto, es un gobierno que abre sus puertas al mundo, co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red.

GESTION PUBLICA: La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país.

TRANSPARENCIA: se refiere a la honestidad, ética y responsabilidad que deben tener los gobiernos y los entes públicos a fin de dar a conocer a los ciudadanos cuáles son las gestiones y actividades en las que se realizan inversiones económicas de importancia social.

COLABORACIÓN: Un Gobierno colaborativo implica y compromete a los ciudadanos y demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La colaboración supone la cooperación no sólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo conjunto dentro de la propia Administración entre sus empleados y con otras Administraciones.

PARTICIPACIÓN: Un Gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus conciudadanos.

PARTICIPACIÓN: es una forma de democracia en la que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de las decisiones políticas que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. La democracia participativa permite una participación ciudadana mayor que en democracia representativa pero menor que en la llamada democracia directa o democracia semidirecta.

    II.        RESUMEN

El concepto de Gobierno Abierto he emergido como un nuevo enfoque aglutinador de esfuerzos por mejorar las capacidades del gobierno y modernizar las administraciones públicas bajo los principios de la transparencia y apertura, la participación y la colaboración. En este este artículo se aborda una aproximación a la evolución del concepto y su revitalización que lo han convertido en un nuevo paradigma que promete fortalecer los sistemas democráticos y mejorar la gestión pública.

  III.        INTRODUCCIÓN

Los comienzos de la Administración Obama en los EE.UU. y sus esfuerzos por modernizar la administración federal significaron el inicio del redescubrimiento del concepto gobierno abierto (open government) dentro del sector público en todo el mundo. En este sentido, el Memorándum for Transparency and Open Government (21 de enero de 2009), incorporó esta cuestión como una prioridad política de primer orden en torno a tres principios claves: colaboración, transparencia y participación.

Y si hay un principio que puede producir innovación y cambio en las administraciones públicas, ese es el de la transparencia. Siguiendo a Arenilla ((2011:120) “se trata de un principio fundamental en el ejercicio democrático del poder y el antídoto más eficaz contra la corrupción, ya que se esconde detrás del ejercicio opaco del poder”.

Debemos reconocer que el término de Gobierno Abierto no es algo nuevo, ya que en el Reino Unido fue utilizado en los años setenta del siglo pasado. Su uso hacía referencia a diversas cuestiones relacionadas con los secretos del gobierno y su opacidad, así como la necesidad de abrir las ventanas del sector público al escrutinio ciudadano (Chapman y Hunt (1987). En su evolución posterior se consolida la filosofía de una ciudadanía responsable con capacidad para valorar y enjuiciar las políticas y servicios públicos. Y para ello resulta indispensable la ampliación de los derechos de los ciudadanos al acceso de la información pública y su adecuada utilización. De esta forma, cuando hablamos de gobierno abierto nos referimos al acceso y la libertad de información, la protección de datos, la reforma de las leyes sobre secretos oficiales y la necesidad, en una democracia consolidada, de poder obtener información útil y accesible sobre las actividades gubernamentales.

Gobierno abierto y profundización de la democracia son dos caras de la misma moneda ya que las medidas para implementarlo constituyen una nueva forma de aproximarse a los ciudadanos, una revolución en la forma de utilizar la información de las administraciones públicas o, incluso, una plataforma en la que los ciudadanos se convierten en los verdaderos protagonistas de la democracia (Lathrop y Ruma, 2011).

En sentido destacar que la teoría de la democracia participativa1 aparece como un intento de combinar adecuadamente el principio de representación con el incremento de la participación política de los ciudadanos. Podemos considerar que la teoría de la democracia participativa es un modelo normativo puro y dentro del amplio espectro de enfoques que pueden ser identificados como tal. Las características básicas que subyacen en la misma son el fomento a la participación directa de los ciudadanos en el gobierno y la deliberación en la formación de la opinión política. En este sentido, del Águila (2000: 4) consideraba que la democracia participativa permite incentivar “la participación y a través suyo desarrollar el juicio político ciudadano (....) cuantos más ciudadanos estén implicados en ese proceso, mayor será la fortaleza de la democracia, mejor funcionará el sistema, mayor será su legitimidad e; igualmente, mayor será su capacidad para controlar al gobierno e impedir sus abusos”. Volviendo al concepto de gobierno abierto, este implica un salto cualitativo ligado a la existencia de una nueva generación de herramientas ligadas a la Web 2.0. Se da por supuesto que las administraciones públicas disponen como materia prima básica para su funcionamiento de numerosos datos referidos a las personas y sobre las más diversas áreas de actividad. A partir de ahí, se tiende a sostener que la mera puesta a disposición de la ciudadanía de dichos datos tiene unos efectos benéficos de cara a la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y administraciones públicas (Jaeger y Bertot, 2010). También podemos asumir que tendrá consecuencias positivas para el propio funcionamiento interno de las administraciones públicas, por ejemplo, reduciendo costes o siendo más eficaces, disminuyendo la carga de trabajo de los empleados públicos o facilitando la comunicación entre unidades u organizaciones. 

  IV.        SITUACIÓN DEL TEMA A TRATAR

El gran desafío al momento de encarar un abordaje sobre el concepto de Gobierno Abierto, parte de la falta de consensos respecto de su definición y anclaje teórico. Comenzaremos por elaborar una visión que nos permita sentar bases para su análisis, fundado en algunas ideas sobre la evolución de las corrientes democráticas y de administración pública circundantes. Luego, pretenderemos hacer un análisis concreto sobre los pasos institucionales que han pretendido implementar de forma efectiva las ideas del Gobierno Abierto. Los roles preponderantes y actores que se han convertido en relevantes para la comunidad a nivel internacional. Enfrentaremos la idea de que existe una primera etapa casi unívoca, la apertura de los datos públicos. Y nos propondremos entonces determinar si es efectivamente la transparencia el eje movilizador de estas iniciativas de datos abiertos. En esta etapa propondremos una prerrogativa, la innovación gubernamental debe convertirse en el eje del Gobierno Abierto, dejando a la transparencia, la colaboración y la participación como pilares estructurales y conceptuales, en vez de plantearlos como los fines procedimentales. Tomaremos entonces a la innovación como eje necesario para avanzar hacia estados modernos, capaces de resistir al cambio que plantea la sociedad de la información, y con la resiliencia necesaria para integrar a los nuevos actores generacionales que se suman a los procesos democráticos. Estos son los interrogantes que pretenderemos responder, o al menos sobre los que reflexionaremos en las siguientes páginas, con la convicción de que aun no existiendo fórmulas directamente extrapolables de una administración a otra, el Gobierno Abierto plantea mecanismos y dilemas que pueden servir para el sostenimiento y la modernización de las democracias participativas.

   V.        DESARROLLO DE LA OPINIÓN

Desde hace una década, y sobre todo a raíz de la crisis económica mundial que comienza en 2008, las presiones para que los gobiernos y sus administraciones públicas se abran al escrutinio público, sean más accesibles y sensibles a las demandas y necesidades de los ciudadanos, y respondan por la confianza política otorgada para gestionar la cosa pública. El debate sobre del tipo de gobierno e instituciones públicas que son necesarias para asumir los retos que impone el siglo XXI es la continuación de una reflexión permanente por adecuar la arquitectura institucional y política, la reforma del Estado y los procesos de modernización de la gestión pública, que se han intensificado en los últimas dos décadas años. Sin embargo y dado el reconocido fracaso de diversos modelos de reforma y la contradictoria evidencia vinculada a los resultados de las recetas aplicadas bajo el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP), ha surgido un nuevo movimiento en cuya base encontramos un fuerte cuestionamiento a la forma en que se trabajan los asuntos públicos, que pone de relieve el incontestable fenómeno del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y de las redes sociales (o Web 2.0), que promueve una activa y comprometida participación de la ciudadanía y que, finalmente, presiona a los gobiernos e instituciones públicas a ser más transparentes, facilitar el acceso a la información que poseen, y a guiarse por nuevos códigos de conducta en cuyo trasfondo residen las nociones de “Buen Gobierno”, de apertura a la sociedad y de cambio paradigmático hacia un modelo emergente que esté en concordancia a la configuración de la sociedad en red de la que formamos parte. Un Gobierno Abierto es aquel que establece una constante deliberación con los ciudadanos, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente (Calderón y Lorenzo, 2010). Por otro lado, se puede considera como una doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia para conseguir una mayor participación ciudadana y una mejor regulación (Irekia, 2010).

Desde otra perspectiva, para la OCDE el término ha evolucionado desde una mirada basada en tres dimensiones relevantes que apelan a contar con una Administración Pública transparente, accesible y receptiva (OCDE, 2006), a un enfoque donde se le considera como plataforma para resolver cómo el gobierno puede trabajar con la sociedad y los individuos para co-crear valor público (OCDE, 2010).

En su informe del año 2003 “Un gobierno abierto: fomentar el diálogo con la sociedad civil”, la OCDE ya adelantaba una noción preliminar sobre el concepto de Open Government bajo el rótulo de “Administración Abierta”, concebida como plataforma de base para “implantar sólidos marcos jurídicos, institucionales y políticos que rijan el acceso a la información, la consulta y la participación pública en la materia contribuye a mejorar la política pública, a luchar contra la corrupción y a incrementar la confianza de la sociedad en la Administración”. En su concepción y propósito original, aludía a la necesidad del gobierno y la administración pública para conectar de manera más fluida con la sociedad civil en el marco de lograr una mayor implicación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas y promover el buen gobierno: “informar, consultar y hacer participar a los ciudadanos constituyen los pilares de todo buen gobierno, los medios adecuados de fomentar la apertura, y una buena inversión para mejorar la elaboración de las políticas públicas” (OCDE, 2003). Más tarde, se plantearía que un gobierno abierto se refiere “a la transparencia de las acciones del gobierno, la accesibilidad de los servicios públicos e información, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas, demandas y necesidades” (OCDE, 2005). Más recientemente, dicho concepto ha retomado un papel protagónico en las agendas de distintos gobiernos y administraciones públicas en el mundo, proceso que ha ido de la mano de los avances tecnológicos, el uso de las redes sociales y la Web 2.0, y de un arduo debate global acerca de las bases que deben sustentar la reforma del gobierno y sus administraciones públicas. La evidencia disponible indica que durante los últimos diez años, los países de la OCDE se han centrado en la construcción de las instituciones y mecanismos de gobierno abierto para crear una base sólida que sustente la aplicación e implementación de las políticas públicas de manera adecuada y acorde a las nuevas realidades expresadas en el tránsito a un modelo democrático más abierto, inclusivo, garantista y efectivo.

En la actualidad, existen marcos jurídicos relativos que sustentan el desarrollo del Gobierno Abierto en gran parte de los países miembros de la OCDE, y en ellos se considera: (1) La legislación sobre el acceso a la información y libertad de prensa; (2) La legislación sobre privacidad y protección de datos; (3) Las leyes sobre procedimientos administrativos; (4) La legislación sobre Defensores del Pueblo (Ombudsman); y (5) Las leyes sobre las entidades fiscalizadoras superiores. Sin embargo, ha habido una atención limitada para analizar la eficacia de estos marcos en su aplicación y qué resultados se han logrado en términos de una mayor transparencia y accesibilidad, y una mayor posibilidad de que los ciudadanos contribuyan al diseño de políticas y la prestación de servicios. Por ejemplo, la apertura y acceso a bases de datos del gobierno (open data) ofrece un gran potencial para la participación y la innovación. Sin embargo, esto requiere no sólo de ajustes de las normas y los marcos de referencia, sino también de medidas y políticas para fortalecer las capacidades individuales y colectivas e incentivar la colaboración (OCDE, 2010).

En términos de la práctica cotidiana, podemos resumir que el Gobierno Abierto presenta dos vertientes principales (ORSI, 2010):

1) La apertura de datos públicos, que busca la transparencia y la mayor eficiencia del servicio público, permitiendo reutilizar los datos públicos para generar nuevas actividades económicas y la rendición de cuentas ante los ciudadanos.

2) La apertura de los medios sociales, que persigue facilitar la comunicación y la participación, aprovechar el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos para ayudar en la provisión de servicios públicos, la colaboración en red interna y con otras administraciones públicas, empresas y organismos.

El Open data es una faceta de los ecosistemas abiertos ‘Open’ que incluyen al Open Source (o puesta en común de código de aplicaciones mediante licencias copyleft), el Open Innovation o mecanismos de cooperación en el ámbito I+D+i y al Open Governance, una de cuyas facetas, es el Open Data.

El impulso al Open Data busca obtener dos resultados importantes:

1. Por un lado, promover la innovación usando los datos públicos como catalizador de nuevas aplicaciones y servicios y, por tanto, transformar los gobiernos de proveedores de servicios a gestores de plataformas (permitiendo que otras entidades y/o usuarios, utilizando los datos públicos liberados, puedan crear nuevas prestaciones en la Web y agregar valor público).

2. Por otro lado, devolver a los ciudadanos sus propios datos, y así incrementar la transparencia.

  VI.        CONCLUSIONES

La iniciativa de gobierno abierto promueve una relación bidireccional “Administración-ciudadano” de esta manera la participación y colaboración del ciudadano es un “elemento vital” para que esta iniciativa cumpla su propósito y no pase en los siguientes años como solo una iniciativa más.